¿Es eficiente la legislación existente? ¿Es necesario modificarlo?, ¿quiénes deberían discutir el nuevo marco legal?

El marco institucional más amplio, en el que se inscribe la llegada de la TVD, nos remite a un aspecto específico que escapa a la dimensión jurídica, a la económica y al de las regulaciones. Cuando hablamos de institucionalidad nos referimos al diseño o estructura política en la cuál se realizan las interacciones entre los agentes. Los actores, en tanto racionales, operan sus estrategias en el marco institucional existente.  
Pensar la arena de esta forma supone que cada sector de actividad, en este caso el “audiovisual”, está formado en base a una red de actores públicos y privados cuyas interacciones se dan en un marco institucional. Esta interrelación permite explicar los procesos que se materializan en la práctica.
Por tanto cuando hablamos de instituciones nos estamos refiriendo a reglas de juego o marcos generales, de la red y de la matriz histórica, que estructuran y dan forma a los procesos de toma de decisiones.
Este enfoque de análisis nos lleva a preguntarnos por la institucionalidad actual del Estado uruguayo y su vínculo con los operadores privados y públicos. Nos preguntamos si la institucionalidad existente: URSEC, DINATEL, ANTEL, PODER EJECUTIVO, MEC, etc. es adecuada para llevar adelante un proceso nacional que implique una política de Comunicaciones. En el organigrama estructural la URSEC es la unidad reguladora, ANTEL una empresa pública y DINATEL el agente diseñador de las políticas del PODER EJECUTIVO. De manera que nos preguntamos si no se hace necesario avanzar hacia una nueva institucionalidad, por ejemplo un Ministerio de Comunicaciones que posea las atribuciones de la DINATEL pero desde un rango más alto para centralizar las capacidades estatales en un único actor público que conduzca las Políticas de Comunicación. La articulación de las capacidades con que cuenta el Estado puede permitir generar la unificación en un agente que concentre e imponga una línea de políticas  para que el Estado no quede fragmentado ante los desafíos actuales y futuros en el ámbito de las Telecomunicaciones.  Uruguay representa un caso particular donde los mercados no han sido dominados por transnacionales pero sí, en el tema de los medios, por grupos económicos domésticos. Nos preguntamos si: ¿La llegada de la TVD implicará cambios profundos en las relaciones de poder existentes entre actores públicos y privados? ¿Se logrará una televisión diferente al servicio de una ciudadanía republicana? ¿Se construirá una nueva institucionalidad que garantice y fomente esto?.